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La Junta deniega el 39,9% de las solicitudes de ayuda de producción ecológica en Córdoba

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La organización agraria Asaja Córdoba ha lamentado que la Junta de Andalucía haya denegado el 39,9% de las solicitudes de las ayudas a la producción ecológica, recogida en la Medida 11 del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía.


   Asaja Córdoba muestra su preocupación por el hecho de que, “por falta de previsión económica, se haya quedado fuera de las ayudas un gran número de solicitantes después de los complejos trámites que han tenido que llevar a cabo”. De especial importancia es que han quedado excluidos quienes por primera vez se incorporaban a la producción ecológica después de dos años haciendo frente a los gastos económicos que ello supone para poder obtener la certificación.


   Y es que, del total de 15.107 solicitudes presentadas por agricultores, se han quedado fuera 5.728. De ellas, 3.253 por falta de presupuesto, lo que supone que a pesar de que el demandante cumple con los requisitos para obtener la subvención, ha sido denegado por “falta de previsión en el presupuesto asignado, lo que resulta, sin duda, incongruente porque se trata de una ayuda cofinanciada por la Unión Europea, y para la que se contaba con información suficiente de hectáreas y superficie ecológica en Andalucía como para elaborar y justificar en Bruselas un presupuesto suficiente”.


   En el caso del olivar ecológico, 846 solicitudes han quedado excluidas, 1.616 en los cultivos herbáceos y 2.106 de los cultivos permanentes como el almendro.
   Por este motivo, esperamos que la Junta de Andalucía “abra de inmediato una nueva convocatoria de ayudas y cuente con suficiente dotación presupuestaria” después de que la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, afirmara ayer que se está estudiando dicha posibilidad.


   No obstante, añade la organización agraria, “la administración autonómica debe primero aumentar el presupuesto para los que se han quedado fuera de la convocatoria actual y cumplían con los requisitos que exigía la administración autonómica”.

 

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