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EFOW, la European Federation of Origin Wines (www.efow.eu), la organización europea de la que la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV, www.vinosdo.wine) forma parte junto a las organizaciones representativas de las DDOO en Francia, Italia y Portugal, ha lanzado un llamamiento formal a los ministros de Agricultura de los principales países productores de vino de la UE para que se movilicen para garantizar la continuidad del sistema de autorizaciones de plantación de viñedos más allá de 2030, año en que finaliza su vigencia. 
 

Las organizaciones miembro de EFOW piden a los ministros que constituyan una plataforma común sobre esta cuestión, algo que ya hicieron durante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de 2013. EFOW también ha remitido el asunto a la Presidencia alemana del Consejo Europeo para que incluya el tema en el orden del día de la próxima reunión de este, destinada a alcanzar un acuerdo sobre una orientación general relativa a la reforma de la PAC que presentará la citada presidencia a mediados de octubre.

 
Aunque la finalización del sistema está fijada en 2030, es urgente tomar una decisión sobre su futuro en el contexto de la actual reforma de la PAC. El viñedo es una planta perenne que necesita planificación, inversiones y gestión a largo plazo. Un viñedo de nueva plantación comienza a producir vino después de 3 o 4 años, por lo que un viñedo plantado en 2024 producirá vino ya en los últimos años de vigencia del sistema. Así, resulta imperativo que el futuro reglamento de la PAC establezca el marco en el que los productores de vid operarán desde el año 2031 en adelante.
 
El actual sistema de autorizaciones, que no implica coste presupuestario, ayuda a evitar crisis de sobreproducción y disminución de la calidad. Asimismo, contribuye a mantener los viñedos en zonas complicadas -las vides, especialmente las destinadas a la producción de vinos con denominación de origen, a menudo se plantan en zonas donde no crecería ningún otro cultivo- y permite el desarrollo de pequeñas explotaciones familiares. Aunque el sistema tenga aspectos mejorables que la Comisión Europea y los Estados Miembro deben trabajar en la revisión intermedia del sistema prevista en la propia normativa europea, es un mecanismo que garantiza un crecimiento sostenible del viñedo.

El presidente de EFOW, Bernard Farges, explica que «Durante la última reforma de la PAC, gracias al apoyo del Parlamento Europeo, así como de los Estados miembros productores y del Comisario de Agricultura en aquel momento, Dacian Ciolos, el sector fue testigo de la creación de una herramienta innovadora y dinámica que garantiza el crecimiento adecuado y sostenible de los viñedos europeos. De hecho, es una herramienta adaptada a cada Estado miembro y cada región vinícola puede gestionar su crecimiento de acuerdo con sus necesidades». Y añade: «Los aranceles de represalia de EE. UU. y la actual crisis de la COVID-19 son claros ejemplos de cómo el mercado del vino de la UE, que estaba en buena forma, puede verse desestabilizado. En particular, la crisis provocada por la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de que los operadores tengan una amplia gama de herramientas a su disposición para navegar en aguas difíciles. Hoy en día es fundamental para el sector seguir beneficiándose de esta herramienta regulatoria; el sector necesita una señal clara que contribuya a su recuperación».

El Sr. Farges concluye afirmando que: «El sistema de autorizaciones de plantación de viñedos contribuirá además a los ambiciosos objetivos del Pacto Verde de la UE, ya que estamos ante una herramienta de desarrollo sostenible. El sistema ha empoderado a los viticultores para que busquen la sostenibilidad social, económica y ambiental. Sin este esquema, habrá serios riesgos de desertificación rural -abandono de zonas difíciles y remotas en favor de áreas de alta producción- de volatilidad de precios, ingresos inciertos y, por lo tanto, menos inversión en nuestro sector».

Provide busca asesorar a las administraciones públicas para apoyar la toma de decisiones que contribuyan a proteger todos los valores sociales y ambientales que genera la actividad agrícola

El sector agrario es fundamental para la economía y su actividad genera una parte importante del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Al margen de alimentos y otros productos que pueden comercializarse en el mercado, la agricultura es responsable de generar otros valores, que si bien no pueden cuantificarse ni tener precio ni intercambiarse, son fundamentales para la sociedad.

La agricultura, directa o indirectamente, produce ciertos bienes que no están cuantificados, como, por ejemplo, la biodiversidad, los paisajes, las alternativas de ocio o la fijación de dióxido de carbono. Además, también es responsable de generar vitalidad en ciertas zonas rurales que estarían aún más despobladas si cesara la actividad agraria. El hecho de que estos bienes no tengan precio, no quiere decir que no sean importantes.

Paradójicamente, los sistemas agrarios que generan esta serie de bienes públicos en mayor cantidad suelen tener asociados problemas de baja rentabilidad económica, lo que pone en peligro su continuidad y, por tanto, la generación de estos servicios fundamentales. Ante este contexto, la nueva Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que se implementará a lo largo de los próximos años, contemplará ciertas reformas destinadas a conservar estos bienes públicos a través de ayudas al sector agrario.

Aquí es donde, precisamente, entra en juego el PROVIDE, u proyecto de investigación en el que ha participado la Universidad de Córdoba junto a otros socios europeos y que pretende proporcionar herramientas para que las administraciones públicas respalden la provisión inteligente de bienes públicos y servir de apoyo en la toma de decisiones políticas para la valorización de este valor de la actividad agrícola.

Según destaca el catedrático José Antonio Gómez Limón, uno de los autores principales de la investigación, “nuestro cliente son los gobiernos, ya que demandan información para tomar decisiones políticas de forma más eficiente”. Para ello, el proyecto, en el que también ha participado el investigador Anastasio Villanueva, ha realizado distintas investigaciones para generar información relevante sobre los costes y beneficios de estos bienes que están fuera de los circuitos del mercado.

Concretamente, de los distintos sistemas agrarios relevantes desde la perspectiva de los bienes públicos, el grupo ha realizado un caso de estudio para el olivar de montaña. En este sentido, tal y como indica Gómez Limón, uno de los resultados más importantes ha sido el de desarrollar una propuesta concreta de programa medioambiental que, “con un presupuesto similar al que ahora se está dotando para este sistema agrario, permitiría que los agricultores siguieran obteniendo esta ayuda, pero produciendo más bienes públicos”.

Por otro lado, en el marco del proyecto, se ha realizado un mapeo a nivel europeo sobre la oferta y la demanda de distintos bienes públicos. En el caso concreto de Andalucía, se comprobó que había determinados puntos en la dehesa y en el olivar de montaña en los cuales se producían estos bienes a un nivel más elevado que la media. Precisamente se trataba de lugares asociados a una agricultura extensiva, y es que, tal y como indica el investigador Villanueva, en los sistemas intensivos, en los que se intenta producir al máximo de su potencial, “los costes de oportunidad son mayores, lo que implica que, si el agricultor decide mejorar la provisión de bienes públicos, de alguna forma está perdiendo más ingresos”. El mapeo, además también ha servido para determinar aquellos puntos en los que sería necesaria una acción política para mejorar el potencial estos bienes. Por ejemplo, tal y como indica Gómez Limón, el sistema de regadío e Andalucía tiene un potencial de mejora muy importante.

En definitiva, el proyecto, en el que han participado 14 universidades europeas y centros de investigación, está destinado a la transferencia de conocimiento hacia las administraciones públicas para que protejan al sector agrario y su capacidad para seguir generando bienes públicos, bienes que, aunque carezcan de precio, poseen un alto valor.

 

El equipo español de Diverfarming evalúa su segundo año de trabajo y traza la estrategia de colaboración con agricultores

 

A las puertas del segundo aniversario de la puesta en marcha del proyecto europeo Diverfarming, que lidera la Universidad Politécnica de Cartagena y financia el programa H2020 de la Comisión Europea, el grupo de socios españoles que forman parte de este consorcio ha celebrado la segunda Reunión Anual de la Región Mediterráneo – Sur, coordinada por la investigadora del Departamento de Edafología de la Universidad de Córdoba Beatriz Lozano.

 

La reunión, que tuvo lugar en la sede de Zaragoza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fue inaugurada por el director de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD  - CSIC), Jesús Val, y la delegada del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro y dio lugar a la evaluación del trabajo realizado en el proyecto en los últimos doce meses.

 

De este segundo año se extraen resultados importantes como los obtenidos del caso de estudio número 16, en el que se asocian distintos productos hortícolas con legumbres en un terreno experimental de la huerta murciana, zona aquejada de problemas agrícolas y medioambientales.

 

En este caso se demuestra cómo tanto el intercalado (combinar dos plantas en la misma hilera) como la asociación 1:1 (alternar hileras de cada cultivo) de melón y caupí (una variedad de judía o frijol) hizo aumentar considerablemente la producción de melón, incrementando tanto su peso como el número de frutas. Bajo técnicas de arado reducido, fertilización optimizada, control integrado de plagas e incorporación de abono verde derivado de los restos de cosecha se comprueba que aumenta también la fijación de nitrógeno al suelo, ya que las leguminosas lo hacen de manera biológica, reduciendo así el aporte de fertilizantes. Que la época de floración del caupí sea inmediatamente previa a la del melón provocó que los polinizadores acudiesen a estas flores, facilitando la polinización del melón.

 

Otro de los hitos derivados de este año y que abren una vía de sostenibilidad para la comunidad agrícola es la elección del lavandín (mezcla de lavanda y espliego) como cultivo asociado al olivar. Tras el estudio de la cadena de valor de este producto por parte de los investigadores de la Universidad de Jaén que trabajan dentro del grupo formado por la UCO, se encontró una alta idoneidad con el olivar tradicional. Este cultivo que crece en enclaves con régimen de precipitación de hasta 300 mm al año tiene como destino final la perfumería de gama no alta y la industria de la higiene. Su inclusión entre las calles del olivar tradicional permitiría al agricultor una segunda renta, beneficios de políticas agrícolas en el caso de ser considerada cubierta vegetal y una revalorización de esos olivares que, actualmente, luchan por ser sostenibles frente a los intensivos y ultra mecanizados. Los primeros ensayos técnicos se llevan ya a cabo en el olivar experimental que el proyecto tiene en Torredelcampo (Jaén).

 

Durante la jornada, también tuvo lugar la presentación del prototipo de maquinaria que combinará las diversas funcionalidades que cada cultivo necesita durante su ciclo de vida. Por su parte, el equipo de comunicación, liderado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, presentó la estrategia para la creación de las ‘Communities of practitioners’ que serán las comunidades de agricultores que pongan en marcha la diversificación en sus fincas con la ayuda y el soporte técnico del equipo Diverfarming.

 

Para finalizar, el personal asistente a la reunión pudo visitar uno de los 8 casos de estudio que se llevan a cabo en terreno nacional, que es un ensayo de regadío situado en Zaragoza y en el que se combinan cereales de invierno con leguminosas como el guisante o la veza. Como cierre, para conocer la cadena de valor y el destino final del cultivo, se recorrió la fábrica de sémola de la empresa aragonesa ARENTO.

 

Diverfarming es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, dentro del reto de “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía” en el que participan las Universidades Politécnica de Cartagena y Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y Portsmouth (Reino Unido), Wageningen (Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs (Hungría) y ETH Zúrich (Suiza), los centros de investigación Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Italia), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) y el Instituto de Recursos Naturales LUKE (Finlandia), la organización agraria ASAJA y las empresas Casalasco y Barilla (Italia), Arento, LogísticaDFM e Industrias David (España), Nieuw Bromo Van Tilburg y Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos), Weingut Dr. Frey (Alemania), Nedel-Market KFT y Gere (Hungría) y Paavolan Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).

El Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España y representante del sector de Vino, Ángel Villafranca, ha sido reelegido vicepresidente del Grupo de Dialogo Civil de Vino de la Comisión Europea. Villafranca fue elegido por primera vez en 2016 y hoy las organizaciones representativas de los eslabones del sector del vino y ONGs, miembros de este Comité han abogado por su continuidad. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España representa a 555 bodegas que facturan en su conjunto 1.477 millones de euros anuales.

Villafranca es presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha desde 2008. Castilla-La Mancha es la primera comunidad productora de vino en España, elabora más del 50% del vino y cuenta con más 200 cooperativas. La trayectoria de Ángel Villafranca siempre ha estado vinculada al sector del vino, es presidente de BACO cooperativa que produce 2 millones de hectolitros e integrada en el grupo DCOOP, del cual es vicepresidente. DCOOP es la mayor cooperativa multisectorial española que integra a más de 150 cooperativas de base, cerca de 75.000 socios y una facturación superior a los 1.000 millones de euros, que destaca por su producción de aceite y vino. 

Además, Ángel Villafranca preside la Organización Interprofesional del Vino Español desde su constitución. 

El Grupo de Dialogo Civil está formado por las organizaciones representativas del sector productor, comercializador, comercio e industria, además de ONGs medioambientalistas, representantes de los consumidores, etc. Es el foro oficial que analiza con la Comisión Europea todos los aspectos relevantes para los sectores agrarios. 

En el caso del sector del vino, las prioridades del Grupo de Dialogo Civil para el mandato que comienza serán el análisis de la situación de mercado en la UE y en el resto del mundo, así como la evolución del posicionamiento del sector europeo en el mercado global. Además, se trabajará en la aplicación del nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones, en mantener la especificad del vino en la reforma de la PAC y en la política de etiquetado, así como en trasladar a la Comisión Europea la posición del sector del vino en la política comercial UE y negociación de los numerosos acuerdos comerciales en curso. Uno de ellos será la inminente apertura de negociaciones comerciales con Nueva Zelanda y Australia y las actuales negociaciones en curso con Mercosur y varios países de África y Asia.

En concreto, una de las cuestiones que Cooperativas Agro-alimentarias de España introducirá en el debate es la mejora de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria mediante el fomento de la integración cooperativa que hagan ganar peso en el mercado a las empresas de sus socios productores. Debate que servirá para contribuir a las propuestas que la Comisión Europea trabaja en estos momentos sobre cadena alimentaria y sobre la reforma PAC.

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Y PROPONE MEDIDAS EDUCATIVAS Y EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA LEY EN VIGOR PARA ELIMINAR EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES

  •     José Luis Lapuente Sánchez, Director General del C.R.D.O.Ca. Rioja, compareció en representación de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Problema de las Drogas.
  •     CECRV reivindicó el carácter específico del vino frente al resto de bebidas alcohólicas y defendió ante los portavoces de los diferentes grupos políticos la necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes actuales para evitar el acceso y el consumo de alcohol por los menores, así como medidas educativas y la profundización en los códigos de autorregulación como contribución del sector a este objetivo, compartido por todos.

CECRV. La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) solicitó su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Programa de las Drogas, que actualmente está desarrollando una ponencia sobre Alcohol y Menores, destinada a estudiar medidas que acaben con el consumo de alcohol por parte de éstos.

Dicha comparecencia se produjo el 20 de junio. En ella, José Luis Lapuente Sánchez, Director General del C.R.D.O. Ca. Rioja, que compareció en representación de CECRV, defendió en primer lugar el carácter específico del vino respecto al conjunto de bebidas alcohólicas, reconocida por la propia legislación, que lo cataloga en el art. 4 de la Ley 24/2003, de la Viña y el Vino, como alimento y que encomienda a la administración la promoción de su consumo moderado, de sus valores, como parte de la Dieta Mediterránea, todo ello en el marco de la prohibición legal del consumo de alcohol en menores.

CECRV ofreció total colaboración de las denominaciones de origen con el trabajo llevado a cabo por esta Comisión. En ese contexto, con el fin de que los diputados puedan tener el máximo conocimiento del sector del sobre el sector del vino y sobre las medidas que éste estaba llevando a cabo para evitar el consumo de alcohol en menores y  contra el consumo abusivo, el Sr. Lapuente recordó la aportación del sector y en particular de las D.O. al conjunto de la sociedad, fijando población al medio rural, conformando paisaje y preservando el medio ambiente en territorios que de otro modo podrían estar condenados al barbecho o a la desertificación y generando unos ingresos que revierten en las propias zonas de producción en la medida que ni la producción, ni la elaboración se pueden deslocalizar.

Asimismo, señaló que el vino con denominación de origen vertebra zonas y sociedades, ejemplificando la aportación que en términos de riqueza y cultura supone el vino con denominación de origen en una comunidad autónoma como La Rioja.

El representante de CECRV quiso enfatizar también que el sector del vino es el más regulado en el conjunto de productos agroalimentarios, no solo a nivel nacional y a nivel Unión Europea, sino también a nivel internacional, recordando que los Acuerdos sobre Derechos Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) en el marco de  la Organización Mundial del Comercio protegen desde hace décadas a las denominaciones de origen como bienes de derecho público.

La Conferencia expuso como las bajas cifras de consumo de vino en nuestro país, así como el perfil de población que lo consume, parecen limitar mucho la responsabilidad del vino en lo que se refiere al consumo de alcohol y menores. El representante de CECRV quiso trasladar que el vino es un producto natural, que viene de la tierra, que no es  industrial y que va más allá de la consideración de bebida alcohólica, recordando que es también gastronomía, fiestas y tradiciones culturales y, en definitiva, vehículo de vertebración social y que además viene demostrando su responsabilidad en la lucha contra el consumo abusivo del alcohol con códigos de autorregulación de su publicidad estrictos a través de plataformas como Wine In Moderation, que promueven expresamente pautas de consumo adecuado para evitar el consumo abusivo.

Por último, la Conferencia manifestó el compromiso rotundo de las D.O. contra el consumo de alcohol en menores y propuso, como medidas para eliminar este consumo, un mayor nivel de cumplimiento de las leyes actuales, para evitar que los menores puedan acceder a las bebidas alcohólicas y profundizar en los códigos de autorregulación del sector, cuyos esfuerzos a favor del consumo responsable están demostrados, en tanto en cuanto la promoción del vino busca trasladar un acervo cultural y unos valores. Se trata, concluyó el Sr. Lapuente, “de proteger a un colectivo, los menores, y no de sancionar a una colectividad, la población adulta, que cuenta con criterio suficiente para adquirir y consumir el producto con las pautas de moderación y responsabilidad adecuadas”.

En  la Comisión, intervinieron también, el 19 de junio, para ofrecer la máxima información sobre el sector y las actuaciones de éste contra el consumo de alcohol en menores, la Federación Española del Vino y la Interprofesional del Vino de España.

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Los Gobiernos y los productores de España y Francia han acordado crear un "Comité Mixto" del Vino, al estilo del que ya opera en el sector hortofrutícola, para mejorar las relaciones entre ambos países y evitar que se produzcan ataques a los envíos de vino español por territorio francés.

Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPAMA, y Catherine Geslain-Lanéelle, directora general de Eficiencia Económica y Medioambiental de las Empresas del Ministerio francés de Agricultura y Alimentación, se reunieron ayer 24 de mayo en Madrid para analizar las relaciones en el sector del vino entre Francia y España.

En la reunión participaron tanto representantes de las dos administraciones mencionadas, como de los sectores vitivinícolas de ambos países. Representando a Cooperativas Agro-alimentarias de España, participó nuestro presidente, Ángel Villafranca.

La reunión abordó especialmente la situación creada por los incidentes que se vienen produciendo desde hace más de un año en Francia en contra del vino español, con el objetivo de buscar soluciones y evitar que estos incidentes se repitan en el futuro. Como respuesta a la preocupación española, las autoridades francesas informaron de las distintas actuaciones que se han realizado en estos últimos meses. Autoridades y profesionales franceses han mostrado su total rechazo a estos incidentes.

Durante la reunión se constató la conveniencia de intensificar las relaciones entre Administraciones y profesionales de ambos países, acordándose la puesta en marcha de un Comité Mixto franco español del sector vitivinícola que, al igual que el creado en Frutas y Hortalizas, constituya un marco de encuentro para que, analizando la problemática del sector del vino conjuntamente, la vitivinicultura de ambos países salga beneficiada.

Esta reunión ha sido, pues, el primer paso para alcanzar un entendimiento entre los profesionales franceses y españoles del sector del vino, base necesaria tanto para la solución de los incidentes mencionados como para abordar conjuntamente temas relativos a la economía del sector y cuestiones fitosanitarias, pero también para defender ante la Unión Europea cuestiones fundamentales en el marco de la futura PAC, como el sistema de autorizaciones de viñedo o el mantenimiento del Programa de Apoyo al sector vitivinícola.

El presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, Ángel Villafranca, confía en que acabe la "tensión", que atribuye a un "pequeño comando que funciona de forma aislada, con actuaciones difíciles de controlar".

Con este ánimo, se ha convenido la celebración de la primera reunión constitutiva del Comité Mixto en el mes de julio en París, con el fin de perfilar detalladamente los objetivos, funcionamiento y composición de dicho Comité.
 

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El secretario general de las organizaciones agrarias europeas (Copa-Cogeca), Pekka Pesonen, participó esta semana en la junta directiva de Asaja Córdoba donde destacó que el objetivo fundamental es promover la creación de cooperativas y que sean fuertes.

 

Pesonen explicó que en la zona Norte de Europa, las empresas y cooperativas agroalimentarias son muy fuertes y están especializadas, pero, sin embargo, en el Sur el sector está mucho más fracturado y diversificado, por lo que hay que seguir trabajando conjuntamente con el fin de que haya más unión. En el Norte, expilcó, las cooperativas son muy fuertes pero son monoproductos y en el Sur una cooperativa incluye más variedades.

 

Por otro lado, puso de manifiesto que la problemática principal de las organizaciones agrarias es la misma en toda Europa y se centra, especialmente, en «los problemas del mercado, de burocracia, ingresos, además de la cadena alimenticias y las prácticas de los grandes grupos».

 

De igual modo, señaló que la preocupación por los precios es algo común, porque «el productor está siempre preocupado por el valor de su producción en su precio final teniendo en cuenta que no recibe el pago que le corresponde».

Por último, Pesonen aconsejó a los agricultores de Asaja Córdoba que sean activos porque hay que estar involucrados y hay que trabajar juntos en la PAC.

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Primero fueron los ataques directos a los camiones españoles con productos hortofrutícolas, aunque sólo estuvieran de paso hacia otros puntos de Europa, luego a los camiones con vino español; posteriormente a las bodegas que compraban los vinos españoles y al final los ataques de los viticultores y agricultores franceses se están centrando en los supermercados galos, con la intención de frenar las compras y obligarlos a vender sólo vino francés.

Estos ataques ha ido provocando una sin fin de quejas no sólo del sector vitivinícola español, sino del Gobierno de Mariano Rajoy y hasta de los eurodiputados socialistas, que la semana pasada reclamaban medidas de la CE contra Francia por estas agresiones que, al margen de los daños económicos que provocan, rompen todas las reglas de la libre competencia en la Unión Europea. Pero da igual. Los viticultores franceses siguen haciendo ‘controles’ a los vinos españoles en los supermercados, a los que acusan de “engañar” a los consumidores haciéndoles creer que son galos.

El último control/ataque ha sido este miércoles 12 en un supermercado Carrefour en Pézenas (Hérault), alegando que “algunas marcas de vino extranjera tienen connotaciones francesas que siembran dudas en la mente de los consumidores”. A esto se suma una mayor proporción de vino extranjero sobre los vinos franceses en algunos de los supermercados, ” a pesar de que somos la primera región vinícola de Francia. Y esto ya no es aceptable.”

Samuel Masse, presidente de la Jóvenes Agricultores de Herault, habla de un “engaño generalizado”, sobre todo en los supermercados. “Fuimos a Carrefour Pézenas para ver el funcionamiento/Control  y encontramos una gran cantidad de anomalías”, ha asegurado, poniendo en el acento en la gran presencia de vino español, así como de aceite de oliva.

El 30 de marzo decenas de viticultores ya habían “controlado” tres supermercados Nîmes destruyendo las botellas de vino de España y denunciando su presencia en las estanterías de los productos locales y de los códigos de publicidad franceses.

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El Tribunal de Justicia dictó ayer su sentencia sobre el  “Acuerdo Agrícola UE-Marruecos”. Aunque en ella  declara inadmisible el recurso del Frente Polisario por falta de legitimación e invalida la sentencia de primera instancia que anuló dicho acuerdo, lo más destacable de la misma es que concluye que el “Acuerdo” no se debe aplicar al Sáhara occidental, por no quedar este espacio incluido dentro del “territorio del Reino de Marruecos”.

 A finales de 2015, el Tribunal General (TG) dictó una Sentencia favorable al recurso presentado por el Frente Polisario de anulación de la Decisión del Consejo de la UE de 08/03/2012 por la que se suscribe el “Acuerdo Agrícola UE- Marruecos”. Esta primera Sentencia, anulaba parcialmente la Decisión del Consejo y se basaba, ante todo, en que el Acuerdo Agrícola era de aplicación al territorio del Sáhara Occidental. Inmediatamente, el Consejo de la UE, acompañado de varios Estados miembro, como Francia o España, interpusieron a su vez un recurso de apelación contra esta primera sentencia.   

Un año después, el 21/12/2016, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado y viene a corroborar las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE sobre el recurso que se presentó en septiembre 2016:  
Lo más importante de la esta Sentencia es que el Tribunal de Justicia determina que el Sáhara occidental no forma parte del “territorio del Reino de Marruecos” y que, por lo tanto y de acuerdo con el derecho internacional, los acuerdos UE-Marruecos ni eran ni son aplicables al Sáhara occidental (ni el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos ni el Acuerdo UE-Marruecos sobre la Liberalización del comercio de productos agrícolas y de la pesca).
Además, en el plano técnico, el TJ anula la Sentencia del Tribunal General y, en consecuencia, confirma la validez del “Acuerdo”. Esta anulación se produce, precisamente, por considerar el Tribunal de Justicia que el Tribunal General cometió un error al interpretar que esos acuerdos sí aplicaban al Sahara occidental. Es por ello también que el Tribunal de Justicia de la UE declara inadmisible el recurso del Frente Polisario, por falta de legitimación.

Se trata de una sentencia espinosa e histórica, que debería tener consecuencias –entre otras- sobre las exportaciones de hortalizas a la UE al amparo del “Acuerdo UE – Marruecos”. Un acuerdo que ha propiciado un aumento progresivo de los envíos de hortalizas a la UE en los últimos años provocando la desestabilización del mercado comunitario.

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El llamado Grupo de Contacto de Cítricos Hispano-Franco-Italiano, reunido hoy en Valencia, acordó reclamar a la Comisión Europea (CE) la futura puesta en marcha de algún tipo de medidas compensatorias que contribuyan a paliar, siquiera sea en parte, los negativos efectos que va a tener el reciente acuerdo pactado entre la Unión Europea (UE) y la Asociación de Estados del Sur de África.

            Durante esta cumbre citrícola, los representantes de las entidades agrarias italianas, francesas y españolas, decidieron también solicitar a la CE que elabore un estudio sobre el impacto que dicho acuerdo, y más concretamente las importantes concesiones en materia citrícola de las que va a beneficiarse Sudáfrica a la hora de introducir sus cítricos en el mercado comunitario, tendrá sobre el conjunto de la citricultura europea. Asimismo, lamentaron que ese estudio de impacto no se haya realizado ni presentado antes de alcanzar el acuerdo.

            Entre esas posibles compensaciones que la UE debería poner en marcha figura la posibilidad de establecer contingentes a las importaciones de agrios procedentes de Sudáfrica en aquellos momentos de la campaña cuya presencia coincidente en los mercados comunitarios con las producciones citrícolas europeas pueda distorsionar el normal desarrollo de la temporada al impulsar los precios a la baja

            Otro de los asuntos relevantes abordados durante este encuentro, y que preocupa especialmente al sector citrícola europeo, son las notorias insuficiencias que muestra la UE a la hora de controlar la posible entrada de plagas y enfermedades en los cargamentos de cítricos importados de terceros países. En ese sentido, los representantes del Grupo de Contacto de Cítricos Hispano-Franco-Italiano subrayaron que las últimas modificaciones reglamentarias, lejos de contribuir a solucionar el problema, lo agravan todavía un poco más, en la medida en que establecen diferentes sistemas de vigilancia para los envíos de cítricos foráneos en función de si su destino final es el mercado en fresco o, por el contrario, la industria de transformación. En este último caso, las inspecciones son más livianas, lo cual propiciará un falseamiento sobre el número final de detecciones de plagas y enfermedades en las importaciones de terceros países y el riesgo de que producto destinado a la industria acabe en el mercado en fresco.

            Ahora mismo, la preservación de la sanidad vegetal en la citricultura europea constituye una de las preocupaciones centrales del sector, puesto que en esos cargamentos importados se detecta, con excesiva frecuencia y sin que la UE aborde el problema con la seriedad que merece, la presencia de plagas y enfermedades devastadoras que no están presentes todavía en Europa, pero que si llegasen a entrar, a través de estos cargamentos contaminados, provocarían una catástrofe de consecuencias irreparables.

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